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26/03/2009

La Eurocámara critica los abusos urbanísticos en España y pide que se indemnice a las víctimas

El PE ha aprobado hoy jueves un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de "urbanización masiva" en España, así como la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto pide al Gobierno y a las comunidades autónomas que pongan fin "a los abusos de los derechos" de los ciudadanos afectados y propone "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y el medio ambiente. También considera "alarmante" la falta de confianza generalizada de los denunciantes frente al sistema judicial español.

Además, sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema y reclama una indemnización adecuada para las "víctimas de abusos urbanísticos".

El informe de la diputada danesa de los Verdes Margrete AUKEN ha sido aprobado este mediodía, después de que el pleno rechazase las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.

Ésta es la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007 (ver enlaces más abajo).

El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una "profunda revisión" de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de "poner fin a los abusos de los derechos" y las obligaciones recogidos en varios tratados internacionales (párrafo 1).

Además, el Parlamento Europeo critica la "avaricia" y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción "que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades" (considerando Aj).

Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión "para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar" (párrafos 27 y 28).

Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían "detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario" (párrafo 3).

El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, "que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona". Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe una posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya (párrafo 29 y considerando Ai).

Sistema judicial e indemnizaciones

Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados "siguen siendo lentos" y califican de "alarmante" la "falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español". También subrayan que las personas "que hayan adquirido de buena fe" una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el documento aprobado hoy aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los proyectos no deben tener derecho a compensación (párrafos 13, 14, 16, 17 y 33).

Transparencia

El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico "se garanticen desde el inicio". Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, "y no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto" (párrafo 26).

Marbella

Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general" (párrafo 23).

Debate público

El texto insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, "mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible" (párrafo 6).

Contexto

Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura proceden de ciudadanos españoles, mientras que un 30% han llegado del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.

El informe trata distintos aspectos de la legislación europea, que constituyen los principales puntos de encuentro entre las denuncias recibidas por la comisión de Peticiones.

En primer lugar, numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis). Actualmente, la CE está investigando estas supuestas infracciones.

El agua es otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los diputados subrayan que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia (considerando Ab).

Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto "interés general" de los proyectos promovidos por las autoridades locales. En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de "interés general" no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de "proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica" (párrafo 21).

La CE ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Los casos de "urbanización extensiva" no afectan sólo a las zonas costeras, sino que también se han registrado en algunas áreas del centro de España, como Madrid y Castilla la Mancha. Sin embargo, en las zonas costeras existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el PE, esta ley "afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes (...) y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales". Es por eso que los diputados proponen una revisión urgente de esta norma (considerando Q y párrafo 22).

  • Ponente: Margrete AUKEN.
  • Procedimiento: iniciativa.
  • Votación: 26.03.2009.
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