Desde finales de los años cincuenta, cuando en las instituciones de la Comunidad Europea sólo se empleaban cuatro lenguas, se ha recorrido un largo camino. Actualmente, en el Parlamento Europeo se utilizan nada menos que 23 lenguas oficiales, lo que significa un verdadero reto lingüístico.

El primer reglamento aprobado por las Comunidades Europeas en 1958 establecía que las lenguas oficiales de sus instituciones serían las cuatro lenguas (alemán, francés, italiano y neerlandés) de los países fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos).

En las sucesivas ampliaciones se han incorporado las lenguas de los nuevos Estados miembros. En 1973 se añadieron el inglés, el danés y el irlandés, este último sólo como «lengua de los Tratados» (sólo se tradujeron a esta lengua el acta de adhesión de Irlanda y los textos fundamentales relativos a dicho país). Más tarde se convirtieron en lenguas comunitarias: el griego, en 1981; el español y el portugués, en 1986; el finés y el sueco, en 1995; el checo, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés y el polaco, en 2004.

Desde el 1 de enero de 2007, tras la adhesión de Rumanía y Bulgaria, la Unión Europea cuenta oficialmente con 23 lenguas; en esa misma fecha, el irlandés se convirtió en lengua oficial.

Veintitrés lenguas oficiales permiten más de 506 combinaciones lingüísticas, ya que cada lengua puede traducirse a las otras 22. Para hacer frente a este desafío, el Parlamento Europeo cuenta con eficaces unidades de interpretación, traducción y control de los textos jurídicos y ha establecido normas muy estrictas para garantizar la calidad de sus servicios y mantener los costes dentro de límites presupuestarios razonables.