La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La decisión de elaborar una carta de derechos fundamentales de la Unión Europea fue adoptada por el Consejo Europeo reunido en Colonia los días 3 y 4 de junio de 1999.
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- La redacción del proyecto de carta se encargó a una Convención compuesta por representantes de los jefes de Estado y de Gobierno, el Presidente de la Comisión y diputados al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales.
- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada el 7 de diciembre de 2000 por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con ocasión de la reunión del Consejo Europeo en Niza.
- En el preámbulo de la Carta se expresa la resolución de los países de la Unión a "compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes" y se testimonia que, "consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho".
- La Carta de los Derechos Fundamentales reúne en un solo texto el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión y de toda persona que resida en su territorio.
- Estos derechos se agrupan en seis grandes capítulos: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.
- Desde 2001, el Parlamento Europeo presenta cada año un informe en el que se examina el grado de respeto de los derechos proclamados en la Carta. Así, en 2002 el Parlamento observó que en determinados Estados miembros la situación de los presos se había deteriorado, principalmente por la superpoblación de las prisiones. La intención del Parlamento es hacer lo más útiles posible estos informes, para suscitar una toma de conciencia general en los Estados miembros.
- La incorporación de los derechos fundamentales en la futura Constitución europea significará, si ésta entra en vigor, que las Instituciones europeas y los Estados miembros estarán jurídicamente obligados a respetarlos.
